De qué manera entrará en vigencia y cómo afectará la economía.
Luego de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica, el 23 de diciembre del 2019, entró en vigencia el llamado “dólar solidario”, a partir del 1 de enero del 2020. Se trata de un impuesto del 30% a la compra de dólares destinados a atesoramiento, compras en el exterior o de servicios que operen fuera, y de pasajes en el extranjero.
Con esta medida, impuesta a cinco años, el gobierno pretende destinar el 70% de lo recaudado a la seguridad social y el restante 30% a obras en infraestructura. Las opiniones al respecto son encontradas: muchos creen que el dólar solidario es una devaluación indirecta, otros tantos lo ven como una manera de recuperar la economía nacional.
La Ley del dólar solidario forma parte de una serie de acciones que el gobierno pretende llevar adelante, post declaración de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Esta situación fue declarada por el Congreso, que le otorgó al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias para proceder.
¿En qué aplica hoy el dólar solidario? Un buen número de bienes y servicios son alcanzados por esta medida. En algunos puntos se tuvo que dar marcha atrás o reducir el porcentaje del impuesto, debido a las críticas suscitadas. Esencialmente aplica para quienes deseen hacer transacciones y compras de todo tipo en el exterior.
Además de intentar repatriar la enorme cantidad de dólares que salen del país en cada una de estas transacciones foráneas, el dólar solidario -también llamado dólar turista o dólar tarjeta- busca incentivar el turismo en el interior del país, que tiene como resultado el movimiento de la economía interna y la industria nacional.
Inicialmente, la ley del dólar solidario alcanzaba a servicios como Netflix, Amazon y Spotify, los cuales son masivamente utilizados. Luego se estipuló que en estos casos, el aumento será sólo del 8%. Otras plataformas sufrirán el aumento del 30%, como Airbnb, Tinder Gold, YouTube Premium, Disney+, entre otros.
Los cursos y posgrados a distancia, en dólares, también tendrán el aumento, así como la descarga de juegos online y las suscripciones a medios de comunicación extranjeros. La misma suerte tendrán las licencias de software y actualizaciones de programas. Por otro lado, quedan desestimados del impuesto los libros, los materiales científicos y los insumos médicos.
Lo que significa el dólar solidario para algunos sectores no es lo mismo para otros. Ámbitos como el de la informática y la programación se ven en franca amenaza con este tipo de regulación, teniendo en cuenta que tanto las partes en el ensamblaje de los aparatos, como el pago por el software utilizado, se importan de otros países, en dólares.
Lo mismo sucede con el ámbito educativo y con aquellas personas que pretenden acceder a cursos o especializaciones en el exterior. En este sentido, esta regulación está afectando a sectores que no son precisamente los más adinerados de la sociedad, sino a una porción de la clase media del país. Podríamos pensar que sin dudas no es la mayoría, aunque también podrían hacerse algunas concesiones.
Hoy, el dólar solidario pretende, como medida principal, evitar que más dólares abandonen el país, luego de la fuga de capitales valuada en unos u$d 81.093 millones generada por Cambiemos en aproximadamente 3 años de mandato. Se estima que el total del capital fugado equivale al 140% de la deuda contraída con el FMI.
Es importante recordar que el gobierno de Mauricio Macri aplicó durante su gestión una fuerte desregulación al control cambiario, el famoso “cepo” que fue tapa de los diarios durante muchos años durante las sucesivas gestiones del Kirchnerismo. Pocos días antes de entregar el mandato, Macri decretó un límite a la compra de divisas de 200 u$d mensuales.
Esta legislación se mantiene de momento en lo que va del gobierno de Alberto Fernández, sumada a la renegociación de la deuda externa -que obtuvo los resultados esperados por el Ministerio de Economía- y un extenso programa de acciones para reactivar la industria y el consumo interno.
Aunque el dólar solidario es novedoso en cuanto ley, ya existieron medidas similares en el pasado, particularmente de la mano de Cristina Fernández de Kirchner y su gabinete durante su mandato.
Durante el 2012, se aplicó un 15% de recargo a las operaciones realizadas con tarjetas nacionales en el exterior. En 2013 trepó a un 20%, desplegándose también a la compra de servicios en agencias turísticas extranjeras. En aquel momento, este recargo podía tomarse como percepción y ser deducido de la declaración de Bienes Personales o Ganancias.
Aunque hoy en día no existe esta ventaja, sí hay beneficios para quienes decidan repatriar los bienes personales o dólares que posean. Aunque en un principio la oferta no resultó muy atrayente, se espera que con la posibilidad de invertir en el sistema inmobiliario local, crezca el interés.
